| [Noticia 16/07/2010] El Consejo de Gobierno aprueba la normativa para la instalación de parques eólicos que suprime el plazo de convocatoria de solicitudes |
 El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se modifica el procedimiento administrativo para la autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energía eólica, cuya principal novedad es la eliminación del concepto de convocatoria de solicitudes de autorización.En este sentido, el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, ha explicado que, a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, prevista para el mes de octubre, “quedará abierta indefinidamente la posibilidad de presentar una solicitud para la construcción de un parque eólico, sin necesidad de esperar a que se abra una convocatoria”. Asimismo, con el fin de que otros promotores interesados en la instalación de un parque eólico próximo o coincidente con el que inició el procedimiento puedan solicitar también su autorización, se hará pública la solicitud inicial mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, pudiendo presentarse solicitudes en competencia durante el plazo de un mes. Posteriormente, los aspirantes deberán aportar el estudio de explotación del parque, con un mínimo de datos técnicos, y la memoria de actuaciones en materia de desarrollo socioeconómico. Respecto a esta última, el consejero ha explicado que se mantiene la misma exigencia instaurada en el decreto anterior de creación de un mínimo de tres empleos estables y directos por cada MW, relacionados con proyectos empresariales promovidos en el área de influencia del parque eólico, si bien se introduce como medida alternativa que los promotores suscriban con los ayuntamientos afectados convenios en los que se recojan aportaciones económicas por parte de aquéllos, cuyo destino sea la realización de actividades generadoras de empleo. Dicha aportación deberá ser, al menos, del 8% de la facturación anual del parque. Además deberá mantenerse un mínimo de 25 años y será destinada en un 70% al Ayuntamiento correspondiente y en un 30% a la mancomunidad en la que esté integrado. José Luis Navarro ha matizado que, para optar a esta segunda vía, se necesita la conformidad del Ayuntamiento implicado. En cualquier caso y para resolver la competencia entre distintas solicitudes, el decreto fija los criterios que se tendrán en cuenta, siendo el más puntuado el relativo a las actuaciones para el desarrollo socioeconómico de la zona. Otros criterios son, por ejemplo, que el proyecto haya sido solicitado en convocatorias anteriores, que la empresa haya sido la primera en solicitar la autorización en una zona determinada y la mayor disponibilidad de los terrenos. El titular de energía ha explicado que, tras la decisión del director general competente sobre qué solicitud en competencia es la autorizada con carácter previo, comenzará el procedimiento ordinario establecido para la solicitud de cualquier instalación de energía eléctrica. Por último, José Luis Navarro ha señalado que se mantiene, aunque reduciendo su superficie total, la figura de las zonas geográficas excluidas, en las que, por sus valores ambientales, no resulta adecuada la instalación de parques eólicos. Responsabilidad social empresarial Por otra parte, la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, explicó los principios que han inspirado la redacción del proyecto de ley de Responsabilidad Social Empresarial que también ha aprobado el Ejecutivo en su reunión de hoy. Se trata, señaló la consejera, de un texto pionero en España que refleja valores ya recogidos en el Pacto Social y Político de Reformas como la cohesión social, el esfuerzo y el valor del trabajo, y que ha sido adaptado “al tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura” en el que predominan las pequeñas y medianas empresas. El texto del proyecto de ley define el concepto y los elementos configuradores de la Responsabilidad Social de las empresas extremeñas y establece los instrumentos de evaluación de la responsabilidad social empresarial, así como la verificación por entidades especializadas externas, facilitando así la calificación de empresa responsable por la Junta de Extremadura que se traducirá en incentivos y beneficios fiscales, según explicó la titular de Igualdad y Empleo. La consejera destacó también las obligaciones que el proyecto ley recoge para las administraciones públicas como entidades empleadoras, consumidoras, inversoras y contratantes, ya que, manifestó, “las administraciones públicas nos hemos puesto los mismos deberes que las empresas para ser socialmente responsables”. Asimismo, el proyecto de ley prevé la creación del Consejo Consultivo de la Responsabilidad Social en Extremadura como foro de encuentro de los agentes económicos y sociales, de la Administración Pública y de otras organizaciones e instituciones, y como órgano asesor del gobierno de la Junta de Extremadura. Como antecedente del concepto de responsabilidad social, ya en la cumbre de Lisboa, en el año 2000, el Consejo Europeo apeló a la necesidad de incluir en la estrategia empresarial prácticas concretas en materia de aprendizaje permanente, organización del trabajo, igualdad de oportunidades, inclusión social y desarrollo sostenible. A todo esto se llamó “el sentido de la responsabilidad social de las empresas europeas”. Otros acuerdos También en el apartado de la Consejería de Igualdad y Empleo, El Consejo aprobó un decreto que tiene como finalidad la concesión directa de una subvención por importe de 600.000 euros a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) para la formación a personas trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el uso de redtrabaj@. El interés público radica en la exigencia de mejorar la inserción profesional de las personas trabajadoras desempleadas con la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la búsqueda de empleo y de formación para el empleo y como punto de encuentro entre la oferta y demanda. Además, el Consejo autorizó la firma de un convenio d colaboración con el Ministerio de Igualdad para desarrollar programas y prestar servicios que garanticen a las víctimas de violencia de género el derecho a la Asistencia Social Integral, reconocido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como para el desarrollo de las actuaciones que se enmarcan en el Protocolo de Atención Especializada a Menores Expuestos a Violencia de Género. El presupuesto para estos programas se cifra en 201.372 euros. Por otra parte, en el apartado de la Vicepresidencia segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innovación, el gobierno regional autorizó la firma de un convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Extremadura para la realización de actividades relacionadas con la investigación científica y el desarrollo tecnológico, principalmente en materias relativas a las Ciencias del Patrimonio; Biodiversidad; Ciencias Sociales; Políticas Públicas; y Desarrollo Sostenible. Asimismo, con este convenio se pretende incrementar la presencia del CSIC en la Comunidad Autónoma de Extremadura y facilitar su integración como agente activo del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), para llevar a cabo actividades de interés regional relacionadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Por último, en el apartado de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, se autorizó la firma de un convenio de colaboración con el Consejo Superior de Deportes para realizar un censo de instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, integrado en el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2010. La realización del censo constará de los siguientes trabajos: actualización de la aplicación informática, realización del trabajo de campo, estudio, análisis y divulgación de los datos y establecimiento del control externo de calidad. Según el convenio, la actualización de la aplicación informática que gestionará la base de datos será contratada por el CSD, mientras que el resto de los trabajos serán contratados por ambas instituciones, con un presupuesto de 138.064 euros. Audio íntegro de la rueda de prensa (I) Audio íntegro de la rueda de prensa (II) José Luis Navarro explica las novedades que introduce el decreto aprobado hoy Pilar Lucio responde a preguntas sobre el significado de la responsabilidad social empresarial La consejera detalla los principios básicos del proyecto de ley |
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